Ley de Competencia en la Región

Actualizado: abr 14


Tanto Guatemala como el resto de países centroamericanos han adquirido el compromiso de adoptar regulaciones desde la perspectiva del fortalecimiento y de la defensa de la libre competencia. Esto, a través de la ratificación de varios tratados de libre comercio pero principalmente del CAFTA-DR  con Estados Unidos y del Acuerdo de Asociación entre los países de Centroamérica y la Unión Europea. El objetivo principal de estos compromisos es el reconocimiento por parte de los Estados signatarios de la importancia de la libre competencia y promover la cooperación regional en materia de competencia.



Guatemala

Iraida Herrera Abreu

iraida.herrera@ariaslaw.com


Arias - www.ariaslaw.com


Además, estos tratados internacionales pretenden que se reconozca que las prácticas “anticompetitivas” pueden afectar el funcionamiento de los mercados. Es clara la postura de la Unión Europea en cuanto a que no es útil, comercialmente hablando, eliminar las barreras arancelarias si no hay políticas de competencia “claras” en los países que forman parte de los acuerdos relacionados.

Por ello, en Guatemala se han presentado en los últimos años varias iniciativas de ley para regular la competencia. Las más analizadas en el medio guatemalteco tienen ciertas notas distintivas; sin embargo, tienen los siguientes factores comunes: (i) la creación de un órgano de supervisión de la competencia en Guatemala; (ii) la creación de los procedimientos administrativos para su fiscalización; y, (iii) la descripción de las infracciones, sanciones y multas (con su plazo de prescripción).


La iniciativa 5074 es la que actualmente está más avanzada en el proceso legislativo del Congreso de la República. Dicha iniciativa fue presentada el 11 de mayo de 2016 por el Organismo Ejecutivo, conocida por el pleno del Congreso el 17 de mayo de 2016, y cuenta con dos dictámenes emitidos por la Comisión de Economía y Comercio Exterior ambos presentados el 07 de noviembre de 2016. Dicha iniciativa fue aprobada en el tercer debate y está pendiente que se continúe con la discusión de la ley por artículos para desarrollar el proceso legislativo relacionado.




El Salvador

Jonathan Navarro

jnavarro@portallaw.com


Portal y Asociados - www.portallaw.com


A once años de la entrada en vigencia de la Ley de Competencia en El Salvador, nos preguntarnos, si la Superintendencia de Competencia, puede hacer más, o no, con el marco legal existente, o si debe limitarse a evitar concentraciones de mercado, como hasta ahora se ha visto mermada.


La Ley de Competencia en sus 58 artículos regula de forma genérica las conductas anticompetitivas ocasionadas por acuerdos entre competidores y los abusos de posición dominante, dejando de lado conductas relevantes, que nos invitan a pensar en la necesidad de una reforma, pero, ¿Cómo adecuar una legislación a la realidad actual de un país sin un estudio técnico, apropiado y conducente?, la respuesta sería imposible, pero eso no significa que no sea necesario, porque encontramos vacíos significativos que impiden una mejor actuación del ente rector, como  la omisión de sancionar las distribuciones exclusivas, imposiciones de precios, o sugerencia a cometer una práctica prohibida, conductas que en ciertos supuestos pueden ser vejatorias de los derechos de los competidores e incluso de los consumidores.


Pero la norma sustantiva no es lo único que merece una reforma, también debemos considerar, que en El Salvador no existe una Ley de Procedimientos Administrativos, y sin una norma adjetiva apropiada, ¿cómo aplicar de forma correcta la norma sustantiva?, y es que en los 58 Artículos de la Ley de Competencia, no existe con suficiente amplitud un procedimiento sancionatorio, lo cual debería ser fácilmente subsanable con la remisión a una norma general procesal para la Administración Publica, el problema es, que ante la carencia de dicha norma en El Salvador, la remisión es al Derecho Común.


El Salvador ha dado grandes pasos en materia de Competencia, pero ahora afronta el reto de Reformar la Ley vigente, y de crear de una vez por todas un Ley Procesal Administrativa.



Honduras

Benito Arturo Zelaya Cálix

bzelaya@lexincorp.com


Lexincorp Honduras - www.lexincorp.com


El Derecho de la Competencia en Honduras tiene su fundamento en la Constitución de la Republica de 1982, en el Capitulo VI “Del régimen Económico” capitulo I, “Del Sistema Económico” artículos 328 al 341, donde en su artículo 331 “El estado reconoce, garantiza y fomenta las libertades  de consumo, ahorro, inversión, ocupación, iniciativa, comercio, industria, contratación, de empresa y cualesquiera otras que emanen de los principios  que forman esta Constitución. Sin embargo, el ejercicio de dichas libertades no podrá ser contrario al interés social ni lesivo a la moral, salud o la seguridad publica.” Así mismo el fundamento de la Ley para la Defensa y Promoción de la competencia se encuentra establecido en los Artículos 332, 333, 339, de nuestra Constitución donde se reserva las facultades de crear las leyes que sean necesarias para encauzar , estimular, supervisar, orientar y suplir la iniciativa privada, con fundamento en una política económica racional y planificada.


Honduras ha tenido avances de mucha importancia que nos posiciona cómos los lideres en crecimiento del fomento a la competitividad por acciones concretas como,  Las Reformas de la Ley para la Defensa y Promoción de la competencia, donde promueve incentivos adecuados para evitar practicas monopólicas; La  eliminación de una ordenanza del mercado farmacéutico que  prohibía el establecimiento de farmacias a 50 metros de distancia, logrando con esto una liberación en  el mercado y  generando mejores precios para los consumidores,  por otra parte hemos sido premiados por el Banco Mundial por el Concurso a la Abogacía 2015 -2016  a través de las Comisión par la Defensa  y Promoción de la Competencia  por el estudio presentado “Reformas que Impulsan la Competencia a través del compromiso de la Ciudadanía y la Sociedad Civil”. Además de ser destacados como El país que más avanza en sus  índices de Competitividad según el Informe global de competitividad, elaborado por el foro mundial de económico.




Nicaragua

Terencio J. García Montenegro

tenecio-garcia@garciabodan.com

Paúl Rodriguez Medina

paul.rodiguez@garciabodan.com


Garcia & Bodan www.garciabodan.com

Nuestro marco jurídico en materia de competencia es de reciente data, ya que si bien la “Ley de Promoción de la Competencia” entró en vigencia hace poco más de 10 años, no fue hasta diciembre de 2009 que el Instituto Nacional de Promoción de la Competencia (Procompetencia) emitió su primera resolución en la materia.


Lo anterior genera retos para el país en general y para las autoridades de competencia en particular, siendo el más importante, el crear una cultura de competencia sana como piedra angular del desarrollo socio-económico del país.


Un segundo reto es el aumento del presupuesto de Procompetencia para cumplir sus objetivos. Hoy en día, Procompetencia genera una parte importante de su financiamiento de la recaudación de tasas por servicios y multas por infracciones de la Ley, lo cual genera el riesgo que los funcionarios tiendan a imponer más multas y cobrar más por revisiones de casos de concentración en aras de mantener la institución a flote.


Un tercer reto es generar el modelo de ley que deseamos para Nicaragua. Si bien toda ley de competencia busca defender el interés público frente al poder monopolístico, la manera en que se regula la protección de estos intereses, puede resultar en una ley que privilegia el interés público, al punto de poner en tela de juicio la viabilidad de los negocios; o en una ley que privilegia al negocio en detrimento del interés público.


Esta tensión natural, debe tener suficiente regulación que permita el crecimiento de los negocios, muchas veces a expensas de la ventaja mínima del interés público; o bien, que castigue el crecimiento de los negocios en favor de ventajas sustanciales del interés público.

Al momento de crea la legislación correspondiente, debemos considerar el tamaño de la economía en donde se crea. No es lo mismo regular economías como Estados Unidos, Alemania y Japón, que economías Centroamericanas. Por ejemplo, tratar de tener demasiadas distribuidoras de energía eléctrica en nuestros países es inviable por razones financieras; en cambio, en Estados Unidos, es probable que haga total sentido.


Otro ejemplo es definir si las eficiencias económicas que redundan en beneficio del interés público se privilegiarán por encima de la instauración de un monopolio, u oligopolio. En mi opinión, tener un monopolio que beneficie a la ciudadanía resulta más favorable que numerosas empresas encareciendo el servicio comercializado. Así las cosas, el reto está en escoger un modelo legislativo acorde a la realidad de nuestro país.


Como podemos observar, la Ley en particular y el marco jurídico de competencia en general, tienen importantes retos que vencer, para que el objetivo principal de la ley, a saber, balancear el interés público con el interés monopolístico, se haga realidad.  Para que dicho objetivo sea una realidad, el principal requisito es la voluntad política de parte de las autoridades y los ciudadanos organizados.





Costa Rica

Diego Piedra Trejos

dpiedra@nassarabogados.com


Nassar Abogados Centroamérica - www-nassarabogados.com



La competencia efectiva entre compañías constituye uno de los elementos determinantes de la economía de mercado y es una garantía que ampara los intereses de los consumidores. Esta máxima fue clara para que Costa Rica promulgara, en 1994, la normativa regulatoria de la competencia. No obstante, desde la promulgación de la Ley 7472, la reforma jurídica ha sido constante, y direccionada a ampliar las facultades de la Comisión para Promover la Competencia. Ese brío legislativo se manifiesta actualmente en el proyecto de ley número 19996, que transformará dicha autoridad en el Consejo Nacional de Competencia (CONACOM).


El escenario que plantea el proyecto de ley es de un órgano regulador con alto grado de independencia, junto al recurso económico y humano suficiente para prevenir y sancionar prácticas anticompetitivas, creando además plazas permanentes para los miembros del CONACOM.

CONACOM contará con nuevas facultades. Podrá visitar a los agentes económicos sin necesidad de autorización judicial y emitir recomendaciones y estudios de mercado en casi todos los sectores, estaría facultado de forma genérica para impugnar cualquier acto de la Administración Pública en el que se considere que existen prácticas monopolísticas y podría inhabilitar a empresas para contratar con el Estado.


La advertencia es muy concreta: el bisturí legislativo debe ser más restrictivo y consciente de que los órganos de competencia no existen para regular mercados. El reto que hoy enfrenta Costa Rica es una nueva normativa conforme con las reformas requeridas por la OCDE para que Costa Rica ingrese plenamente pero sin exagerar las potestades de CONACOM. Las modificaciones al proyecto de ley deben continuar, pues el gran desafío es articular un ente de competencia eficiente y efectivo, respetuoso de los derechos de los agentes económicos y que a la vez permita equiparar al país a los estándares internacionales.

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