Formas de Combatir la Corrupción

Actualizado: abr 15






Guatemala

Lionel Francisco Aguilar Salguero.

laguilar@consortiumlegal.com


con colaboración de:

Zelada cifuentes

fzelada@consortiumlegal.com


Consortium Legal - www.consortiumlegal.com


El andamiaje legal para enfrentar la corrupción en Guatemala se puede dividir en tres niveles: privado, nacional e internacional.


A nivel nacional, Guatemala ha promulgado leyes perfiladas al combate de la corrupción, siendo estas, por ejemplo: Ley Contra la Corrupción, Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Ley Contra la Delincuencia Organizada, Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento al Terrorismo y Ley de Extinción de Dominio. Estas leyes fortalecen las facultades del Estado en relación a la prevención y sanción de actos de corrupción, responsabilizando penalmente de actos u omisiones tanto a personas individuales como jurídicas.


Finalmente, a nivel internacional Guatemala ha ratificado diferentes convenios internacionales en materia anti-corrupción, como la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención Mundial de Naciones Unidas contra la Corrupción. Uno de los acuerdos internacionales de mayor relevancia en la actualidad ha sido el Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) el cual cobró vigencia en el año 2007. La CICIG ha logrado a la fecha cumplir con varios de sus objetivos principales, siendo uno de éstos el de crear mecanismos efectivos de combate a la impunidad provocada por los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad.


A nivel privado se encuadra en la práctica legal denominada Compliance. Por Compliance se entiende a la manera en que una persona individual o jurídica cumple con la regulación interna y externa, así como la gestión de los riesgos socio-económicos de su sector. La práctica de Compliance juega un rol determinante en la cultura corporativa y se ve reflejada, por ejemplo, en las relaciones con clientes y proveedores, el contacto con la autoridad pública, códigos de ética, programas de capacitación, etc. Compliance tiene especial relación en Guatemala con la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, regulado en el artículo 38 inciso (a) del Código Penal, el cual establece que las personas jurídicas son responsables de los actos que realicen sus directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios y empleados “cuando se comete el hecho delictivo por la omisión del control o supervisión y las resultas le son favorables”. A través de la herramienta de Compliance o de un Programa de Cumplimiento se limitan las posibilidades de incurrir en responsabilidades penales por omisión, pues las personas jurídicas demuestran haber creado e implementado normativa interna y procedimientos efectivos que permiten un adecuado control y supervisión de los actos de sus personeros y colaboradores.




El Salvador

Manuel W. Rosa Aguirre.

mrosa@bdsaserores.com


BDS Asesores - www.bedeese.com


Existe unanimidad de pensamiento que la corrupción resulta uno de los obstáculos más importantes para el crecimiento y desarrollo de un gobierno, empresa y organismos internacionales. Por lo tanto es importante considerar algunas medidas que pueden tomarse a efecto de combatir éste flagelo. En primer lugar desde el punto de vista empresarial es prioritario que se elabore un código de conducta y ética interno en cada empresa, por medio del cual todos sus miembros sientan la obligación de cumplirlo, y sobre todo que exista aplicación estricta del mismo. Por otra parte es necesario romper con la mentalidad que corromper a un funcionario o servidor público es parte integrante de un proceso para obtener resultados positivos, puesto que en algunas ocasiones se ha llegado a creer que sin la “ayuda” del funcionario el proceso resultará fracasado. Como segundo punto podrán parecer obvias las recomendaciones hacia el sector público, pero las urgentes a tomar en cuenta deberían de ser: a) Clima laboral gubernamental, en El Salvador se ha construido el estigma que los empleados públicos no rinden como deberían y que no desempeñan a cabalidad sus funciones, afirmación que no en todos los casos resulta cierta, hay situaciones que aunque el salario no sea bajo existe desmotivación porque dentro del mismo centro de trabajo se respira corrupción en los ascensos, desmotivación generalizada, nepotismo, entre otras que al final terminan absorbiendo al empleado en el circulo vicioso; acá debe ingresar lo que se conoce en las nuevas tendencias de Recursos Humanos como salario emocional, es decir crear condiciones en las que el empleado público cambie su clima laboral y se sienta útil y comprometido con su institución; b) Reducción de la burocracia, sin duda este es un punto de máxima importancia, llenarse de pasos innecesarios en los procesos públicos promueve indudablemente la tentación de caer en la corrupción a cambio de simplificación de procesos, c) Uso de la tecnología, el sector público debe emplear esta herramienta, en este campo al menos en El Salvador el Órgano Ejecutivo ha sacado ventaja a los demás, ya que algunos de sus Ministerios permiten hacer trámites en línea, es increíble que a éstas alturas el Órgano Judicial con 6% del presupuesto de la nación no tenga un eficiente y garante sistema de notificación a través de correo electrónico por ejemplo; d) Transparencia y acceso a la información pública. Es una política muy importante en la erradicación y clarificación de la Administración Pública, si se realiza una gestión correcta no hay motivo para ocultar información; y e) Los delitos de corrupción no deben de prescribir, porque permitir lo anterior es legalizar la corrupción por el paso del tiempo, tan simple como eso. Finalmente el trabajo internacional en el combate a la corrupción debe estar orientado a la elaboración de instrumentos jurídicos que adopten medidas mundialmente aceptadas en la prevención y erradicación de la corrupción, unir esfuerzos para concientizar que éste flagelo nos impide crecer a todos y nos vuelve vulnerables como sociedad.




Honduras

Lester Ramírez Irias

lramirez.asj@gmail.com


Aosciación para una sociedad más justa/ transaparency International.

www.asjhonduras.com.


No hay una fórmula mágica para enfrentar la corrupción, más que decir que debe ser un trabajo integral con acciones preventivas como sancionatorios, con la participación de actores privados como públicas. Sin embargo, este trabajo integral muchas veces entra en conflicto con prioridades e intereses contradictorios; por ejemplo, obtener una ventaja sobre la competencia en una licitación pública, financiar una campaña política con recursos públicos o tener status social. Es por eso que se debe poner la mirada en los incentivos que hay para tomar la ruta de la ética y la integridad, a través de autorregulación, legislación y la presión de la comunidad internacional.


Desde principios de la década pasada –producto del escándalo de ENRON-se ha venido desarrollando todo un movimiento relacionado con la gobernanza corporativa que toma en cuenta riesgos operacionales y el cumplimiento o compliance a regulaciones y estándares de integridad. Las empresas cada vez aumentan más sus controles internos teniendo en cuenta la confianza Desde principios de la década pasada –producto del escándalo de ENRON-se ha venido desarrollando todo un movimiento relacionado con la gobernanza corporativa que toma en cuenta riesgos operacionales y el cumplimiento o compliance a regulaciones y estándares de integridad. Las empresas cada vez aumentan más sus controles internos teniendo en cuenta la confianza corrupción. Como decía Klitgaard, hay que “freír unos cuantos peces grandes” para dejar un mensaje claro que la impunidad no será permitida.


 En conclusión el fenómeno de la corrupción hoy en día ha venido a socavar a organizaciones del sector privado como del público, y en el proceso las instituciones se han visto capturadas y la población ha perdido la confianza en sus gobernantes y mercados. Con la firma del Convenio de la Misión de Acompañamiento Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), se han generado una serie de expectativas que un actor externo pueda tener en un país históricamente plagado por la corrupción. Se espera que la MACCIH produzca los incentivos necesarios para construir institucionalidad y terminar con la espiral de impunidad en el país. Sin embargo, la experiencia guatemalteca ha demostrado que los mejores resultados, como fue el caso de “La Línea”, se obtuvieron mediante la colaboración activa con el Ministerio Público guatemalteco y la sociedad civil. Veremos cómo termina el experimento hondureño.




Nicaragua

Rodrigo Ibarra

rodrigo.ibarra@ariaslaw.com


con colaboración de:

Edgard Leonel Torres.

edgard.torres@ariaslaw.com


Arias & Muñoz - www.ariaslaw.com


La corrupción debemos entenderla como una deformación social severa, que en el ámbito público afecta la gobernabilidad, la confianza de los administrados en las instituciones y la eficiencia de éstas frente a sus obligaciones emanadas por la misma Ley, es decir, es una afectación negativa general a los derechos de las personas. En el ámbito privado, la corrupción impide negocios y transacciones, deteriora la reputación empresarial, y representa una carga elevada de costos en concepto de multas o sanciones. Hasta hace poco tiempo, en Nicaragua la corrupción era percibida como un fenómeno directamente ligado al sector público; sin embargo, en los últimos años se ha ido aumentando el análisis de casos de corrupción en la esfera privada empresarial. Para que exista corrupción se requiere de dos partes, el que ofrece y el que acepta, ambas comparten el mismo vicio sin distinción ni justificación posible. No existe una formula específica  para combatir la corrupción; sin embargo, podemos empezar por crear instituciones supervisora, dotadas de independencia en sus actuaciones, que además tengan como respaldo regulaciones adecuadas.por parte de los organismos legislativos; la creación y adopción de métodos y buenas prácticas empresariales, e incluso la imposición de multas o sanciones, son en parte, las herramientas que se requieren para solucionar esta problemática.


En Nicaragua existen leyes que regulan y penalizan actos relacionados con corrupción, entre ellas tenemos la Ley No. 438, Ley de Probidad de los Servidores Públicos; el Decreto Ejecutivo No. 35-2009, Código de Conducta Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo; el Acuerdo No. 193, Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Judicial; Ley No. 476, Ley de del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa; y el Código Penal. Todas estas regulaciones son esfuerzos que ha realizado nuestro país en busca de disuadir, supervisar y castigar los actos relacionados con corrupción, principalmente a nivel del sector público.


En el sector privado, para poder combatir la corrupción es necesario que las empresas no solo cumplan con las regulaciones dictadas por el Estado, sino que también adopten políticas, métodos, prácticas  o estrategias de anticorrupción que excedan el cumplimiento de dichas regulaciones estatales, y que las mismas sean aplicables tanto a los dueños de las compañías como a sus gerentes, trabajadores, proveedores en general. La adopción y cumplimiento de políticas de anticorrupción no solamente tiene una incidencia positiva a lo interno de la empresa, sino que también puede permitir nuevas oportunidades de negocios o facilitar transacciones con otras compañías, fundamentadas en la buena fe y transparencia de la información. Las empresas en general deben de difundir sus políticas y buenas prácticas anticorrupción, estableciendo normas de cero tolerancia, lo cual se ha comprobado en más de una experiencia, siempre es mayormente beneficioso, tanto para la empresa como para la sociedad misma en la que incide.




Costa Rica

José Luis Campos

jcampos@batalla.com


Batalla Salto Luna

www.batalla.com


En el sector privado empresarial de Costa Rica, son cada vez más las empresas que han desarrollado procesos estandarizados de operación (SOP´s, por sus siglas en inglés) y departamentos de cumplimiento o “compliance”. Estos mecanismos de autoregulación favorecen la adopción de políticas anticorrupción que a la vez se traducen en políticas empresariales y buenas prácticas de negocios.


Asimismo, el Gobierno cuenta también con mecanismos anticorrupción como la Ley 8422, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, y la Procuraduría de la Ética Pública, entidad encargada de hacer investigaciones administrativas y emitir recomendaciones cuando se detectan actos que podrían encuadrar en corrupción.


A nivel internacional, es importante señalar la participación del Gobierno de la República en Foros Anticorrupción y la aprobación de tratados internacionales sobre la materia que han venido a propiciar la discusión sobre temas de gran relevancia como la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

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