Tendencias

TENDENCIAS TRIBUTARIAS

EN LA REGIÓN

GUATEMALA

María Ines

Arenales

marenales@blplegal.com

 

BLP

www.blplegal.com

 

 

 

En Guatemala se están viviendo muchos cambios a nivel social y gubernamental. El fortalecimiento del Estado y la lucha contra la corrupción nunca habían sido tan drásticos. Se vislumbra para el largo plazo una Guatemala en donde se respetan las leyes bajo un principio de aplicación general. En este escenario de cambio, la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- ha desempeñado un papel muy importante, logrando recuperar grandes sumas de dinero que se le adeudaban o que se habían defraudado; y casi inmediatamente se percibe en las personas un cambio de actitud, en donde ya no se busca encontrar la manera de pagar lo menos posible, sino de pagar lo que corresponde. El hecho que la SAT esté realizando este tipo de gestiones, aunado al combate de la corrupción dentro del gobierno, parece estar encaminado a recuperar la confianza de los ciudadanos, surgiendo un nuevo Estado en donde las leyes se aplican para todos. En este orden de ideas, lo que ocurre actualmente tiene efectos positivos a futuro; sin embargo, es necesario cuestionarse si para lograr éste cambio positivo, no existen otras medidas que resulten menos gravosas en el corto plazo. Por ejemplo, se han dado casos en que la SAT, con el objeto de poder recaudar lo que efectivamente le corresponde al gobierno, ha procedido a denunciar penalmente a empresarios, delegando de manera indirecta una función propia de la SAT en el Ministerio Público. El impacto que esto tiene en la economía a corto plazo es bastante grave, pues se genera un escenario de incertidumbre y miedo, lo cual ahuyenta a los empresarios locales y desincentiva la tan necesaria inversión extranjera.

 

En mi opinión, los efectos negativos a corto plazo mencionados en el párrafo anterior, pueden ser atenuados fortaleciendo las instituciones administrativas y las salas de lo contencioso administrativo para lograr una mayor agilización de cobro en las instancias que corresponden sin que el gobierno tenga que recurrir a la criminalización para el pago de los impuestos en donde se cuestiona el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.

Nuestra Constitución en el art. 101 fomenta la libre competencia y el derecho de empresa. Pero además determina que el orden económico debe responder de manera esencial a la justicia social. Si el fin del Estado es la persona, la forma de garantizar el crecimiento y desarrollo de los individuos como parte de una sociedad sólo es posible a través de la inversión. Algunos apuestan a la inversión pública, otros simplemente a engrosar la burocracia, por lo que para buscar los fines a su manera los Estados requieren del pago de tributos por los ciudadanos.

 

Por ello, a través del ius puniendi se busca sancionar la conducta de evasión fiscal con cárcel, como una medida coactiva de que los ciudadanos eviten buscar la defraudación del fisco. Pero en El Salvador, ese quizás sea el menor de los problemas, pues conforme a la ley de lavado de dinero y de activos (en adelante LCLDA), uno de los delitos generadores del lavado es la evasión de impuestos, siendo así, cuando se ha defraudado al fisco y la conducta se adecúe en los verbos rectores que señala la LCLDA en su art. 4, como depositar, retirar, convertir o transferir fondos, para ocultar o encubrir su origen ilícito, conlleva la posibilidad de ser además imputado del delito de lavado de dinero.

 

El art. 252 del código penal permite la excusa absolutoria para el delito de evasión fiscal, no así el delito de lavado de dinero, con la agravante que una vez imputado de dicho delito es casi imposible tener la posibilidad de medidas sustitutivas a la detención provisional por prohibición expresa de nuestra ley. En ese sentido el evadir impuestos trae a veces la consecuencia más grave que lo que representa el delito como tal.

EL SALVADOR

Mardoqueo Josafat Tochez Molina

mardotochez@lawyerscorp.com.sv

 

Lawyers corp. Tóchez & Asociados

www.lawyerscorp.com.sv

HONDURAS

Vanessa Oquelí

vanessa.oqueli@garciabodan.com

 

BLP

www.blplegal.com

En colaboración con

Godofredo Siercke

godofredo.siercke@garciabodan.com

 

Garcia & Bodan Attorneys and Caouselors at Law

www.garciabodan.com

Al hablar de temas fiscales en el país, a vuestro criterio hablamos de cambio, pues es imposible dejar de lado el hecho que nuestra legislación fiscal ha tenido múltiples cambios en los últimos años, lo cual a pesar de que algunas medidas han sido positivas a fin de evitar la defraudación fiscal, dejan al inversionista tanto local como extranjero sin “reglas claras del juego” lo que necesariamente afecta la inversión y el desarrollo económico del país.

Si hacemos referencia desde la entrada en vigencia de nuestro actual Código Tributario en el año 1997, se cuenta con regulación relacionada a las infracciones tributarias, siendo estas aquellas acciones u omisiones que contravienen la normativa tributaria,  clasificándose las mismas en: (1) faltas tributarias y (2) delitos tributarios; a las primeras le compete investigarlas y sancionarlas a la Autoridad Tributaria y los segundos son sancionados exclusivamente por los Juzgados de la República. Habiendo expresado lo anterior, es menester citar el artículo 186 de nuestro Código Tributario el cual establece como delitos fiscales o tributarios el contrabando y la defraudación fiscal.

 

En tal virtud, al igual que en otras legislaciones de nuestra región, en los delitos tributarios la autoridad judicial además de las penas que pudieran corresponder, puede imponer las sanciones accesorias que procedan de conformidad con el Código Penal y leyes especiales. De la misma forma la Autoridad Tributaria independientemente de la acción penal, puede, además de las sanciones pecuniarias a imponerse, exigir el pago de los impuestos, tasas, multas, intereses y demás recargos que pudiesen corresponder.

Nuestro Código penal por su parte define el delito de defraudación fiscal como “toda acción u omisión por medio de la cual se evade el pago de los impuestos, contribuciones o tasas utilizando procedimientos, medios o documentos que originen un beneficio indebido con perjuicio del Fisco…”

 

Nuevamente nuestra legislación fiscal tendrá cambios y en este momento serán sumamente significativos considerando estará entrando en vigencia un nuevo Código Tributario. Dicho código se encuentra actualmente en proceso de revisión y aprobación por parte del Congreso Nacional por lo que aún no sabemos cuál será su texto final, pero sin duda alguna, y de los borradores discutidos entre el Gobierno y la Empresa Privada, podemos establecer que se agregarán una serie de disposiciones que amplían la responsabilidad administrativa de los actores involucrados.

Existen contingencias tributarias de orden patrimonial y penal, originadas por las decisiones que toman las empresas para el desarrollo de sus actividades. De ahí, la importancia en que los órganos de gobierno y de dirección societaria, prevean las consecuencias jurídicas tributarias de sus decisiones.

 

A partir de la vigencia del nuevo Código Penal de Nicaragua, se recoge, en un solo cuerpo de normas, la tipificación de los diferentes delitos tributarios, tales como: (i) Defraudación tributaria, sancionando a quien evada total o parcialmente el pago de una obligación fiscal, cuando: a) se beneficie ilegalmente de un estímulo fiscal o reintegro de impuestos; b) omita el deber de presentar declaración fiscal o suministre información falsa; c) oculte total o parcialmente la realidad de su negocio en cuanto a producción de bienes y servicios o montos de ventas; d) incumpla el deber de expedir facturas por ventas realizadas o recibos por servicios profesionales prestados; y e) omita el pago de impuestos mediante timbre o sellos fiscales en los documentos determinados por la ley. (ii) Apropiación de retención impositiva, sancionando al retenedor de impuestos autorizados por la ley, que mediante alteración fraudulenta u ocultación, no entere el impuesto retenido. (iii) Defraudación aduanera, sancionando a quien con la finalidad de evadir total o parcialmente el pago de los derechos e impuestos de importación o exportación de bienes y mercancías, realice cualquier acto tendiente a defraudar la aplicación de las cargas impositivas establecidas. (iv) Contrabando, sancionando a quien con la finalidad de evadir total o parcialmente el pago de los derechos e impuestos de importación o exportación de bienes y mercancías, las introduzca, disponga, mantenga o extraiga ilegalmente del territorio nacional.

 

Encontramos también, tipos penales relacionados con los Delitos Tributarios, como la Quiebra Fraudulenta, Gestión Abusiva, entre otros. Lamentablemente, en la práctica, a pesar de la existencia de la norma penal sancionadora,  las instituciones  supervisoras y controladoras no tienen ni el presupuesto, ni el personal capacitado para realizar una supervisión efectiva, lo cual hace que la incidencia del sector privado en la prevención y denuncia de estos delitos adquiera mayor relevancia.

NICARAGUA

Edgard Torres Mendieta

Edgard.torres@ariaslaw.com

 

Arias

www.ariaslaw.com

COSTA RICA

Eduardo Araya Vega

earaya@aglegal.com

 

AG Legal

www.aglegal.com

 

 

 

El proyecto de ley 19245: “Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal” mantiene vigentes los delitos tributarios, e incluye varias reformas sobre: la suspensión e interrupción de la prescripción, procedimiento para aplicar sanciones penales y modifica algunos tipos penales.

Para iniciar, modifica el artículo 53 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (CNPT)estableciendo, entre otras causas, interruptoras de la prescripción: a) Las notificaciones del inicio de actuaciones de comprobación del cumplimiento de las obligaciones tributarias o los actos administrativos o judiciales de cobro, b) La determinación del tributo efectuada por el sujeto pasivo y c) La interposición de toda petición o reclamo, en los términos dispuestos en el artículo 102 CNPT.

 

Adiciona un nuevo inciso al artículo 53: “g) Se entenderá por no interrumpida la prescripción si el Ministerio Público no presenta formal acusación o se dicta sentencia de sobreseimiento a favor del contribuyente en un plazo máximo de cinco años.” Destacamos que la sanción prescribe en 4 años contados a partir del día siguiente a la fecha en que se cometió la infracción. El cómputo de la prescripción se suspende al interponer la denuncia (artículo 92 CNPT),pero no habrá suspensión si el Ministerio Público no presenta acusación formal en un máximo de 5 años, a partir del 1 de enero del año siguiente de presentada la denuncia.

Por su parte, el artículo 90 CNPT, ordena a la Administración Tributaria, el presentar la denuncia ante el Ministerio Público, absteniéndose de seguir el procedimiento administrativo sancionador y determinador de la obligación tributaria, hasta el dictado de sentencia firme o un sobreseimiento. Asimismo introduce la frase: “podrá presentar la denuncia”, lo que sugiere la idea de que la Administración Tributaria podría no presentar dicha denuncia,

Si transcurridos 5 años, el Ministerio Público no presenta la acusación formal, o posterior a dicho plazo, se dicta sobreseimiento definitivo, la Administración Tributaria perderá la competencia para retomar el conocimiento del caso en vía administrativa.

 

Por acceso desautorizado a la información el proyecto impone prisión de 3 a 5 agravando dicha pena con prisión de : a) 1 a 4 años por instigar, obligar o presionar a una persona autorizada para acceder a información en beneficio propio o de un tercero; b) 4 a 6 años cuando las conductas sean realizadas por personas encargadas de administrar o dar soporte al sistema.

 

El proyecto reduce la pena por el delito de manejo indebido de programas de cómputo a prisión entre 3 y 5 años que es aplicable a quien se apodere de cualquier programa de cómputo utilizado para administrar la información tributaria sin autorización; aclara que la autorización será dada por la “autoridad competente” por lo que deberá entenderse que solo con autorización judicial se podrá tener acceso a dicha información. También agrava la pena con prisión de entre 4 a 10 años a quien utilice, copie, destruye, inutilice, altere, conserve o transfiera un sistema de información.

 

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